ALICANTE, 2 (EUROPA PRESS)
Compromís ha preparado un recurso contencioso-administrativo que presentará al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el decreto de admisión escolar de la Generalitat, que ha calificado de “ilegal y segregador”.
Así lo ha anunciado este jueves el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en una rueda de prensa en Alicante en la que ha estado acompañado por el portavoz de la coalición en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, el portavoz de Educación en Les Corts, Gerard Fullana, y las concejalas de Alicante y de Elche, Sara Llobell y Esther Díez, respectivamente, según ha indicado la formación en un comunicado.
“El nuevo decreto es ilegal y segregador. Tenemos razones de peso para acompañar a la comunidad educativa valenciana y luchar para derogar una normativa que promueve escuelas y alumnos de primera y de segunda, como si la educación fuera una competición”, ha aseverado Baldoví.
Asimismo, ha acusado a la Generalitat de “no escuchar” a la comunidad educativa y de promover “una normativa que mercantiliza la educación y que denigra la red de la enseñanza pública en pro del negocio de la concertada”, por lo que ha avanzado que Compromís no se mantiene “de brazos cruzados”.
“Recurrimos a los tribunales para paralizar una actuación que tiene demasiado de conveniencia ideológica propia de la extrema derecha y nada para asegurar una red de centros educativos donde todos tengan los recursos que haga falta para asegurar una calidad educativa óptima y una buena atención personalizada al alumnado”, ha sostenido.
Por su parte, el diputado provincial Ximo Perles ha señalado que inician el proceso en los tribunales tras “corroborar que el Gobierno de Mazón no ha querido escuchar ni a profesorado ni a familias”. “El recurso está basado en argumentos que demuestran que esta nueva normativa promueve la desigualdad y hace que los centros elijan familias y no al revés”, ha censurado.
Igualmente, ha considerado que es ilegal porque “contradice el artículo 84 de la Lomloe; otorga un punto discrecional para que los centros concertados puedan seleccionar el alumnado que quieran; fomenta el distrito único segregador para que no haya diversidad de alumnado en las aulas; y relaja la prohibición de que los centros concertados cobren a las familias cuotas ilegales”.
“OPACIDAD” DE LA CONSELLERIA
En relación al cobro de cuotas por parte de los centros concertados a las familias, el diputado Gerard Fullana ha sostenido que los centros concertados “tienen que garantizar la gratuidad universal de la enseñanza, como cualquier centro público”. “La Conselleríi ahora permite que los centros concertados puedan exigir aportaciones de las familias en concepto de matrícula o reserva de plaza y exigir también que las familias paguen por material y equipación escolar. Esto es muy grave”, ha alertado.
“El PP ha impuesto unos cambios con los cuales están diametralmente en desacuerdo la Confederación Gonzalo Anaya, que es la principal plataforma que aglutina las familias; los principales sindicatos de la enseñanza; y el Consell Escolar Valencià, donde una amplia mayoría de representantes se mostraron en contra y recibieron como respuesta su cese por parte del conseller de Educación, con el nombramiento de nuevos miembros en este máximo órgano consultivo y de participación social en la programación general de la enseñanza”, ha acusado.
Igualmente, Fullana ha denunciado que la Conselleria de Educación “trabaja en la más absoluta opacidad y con tempos que están alterando el funcionamiento normalizado de gestiones tan importantes que tienen que hacer miles de familias, como es matricular a los hijos e hijas en las escuelas”.
“No sabemos absolutamente nada de la planificación de unidades educativas para el curso que viene, que se ha hecho siempre en marzo. Tememos que esa opacidad lleve relacionada la eliminación de unidades en la red educativa pública y esto tiene como consecuencia más alumnos por clase y el recorte de profesorado para el curso que viene. Por otro lado, a Mazón y a su conseller de Educación les importa bien poco el caos que se genera en los centros educativos y las incertidumbres de las familias y pasan la tramitación de la admisión al mes de junio, sin ser conscientes de lo que esto supone ni para los centros educativos ni para las familias, cuando el proceso se tiene que iniciar entre abril y mayo”, ha criticado.
Por otra parte, los representantes de Compromís han censurado el “modelo mercantilista de la educación” que a su juicio fomenta el nuevo decreto. “La administración tiene que garantizar que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos garanticen una óptima calidad educativa. En este modelo, la Conselleria deja de garantizar la excelencia de todos los centros y de dotarlos de los recursos necesarios para que así sea. Fomenta la competitividad y una suerte de rankings innecesarios entre escuelas”, han advertido.
“CRONIFICACIÓN DE GUETOS”
Por su parte, las concejalas de Compromís en los ayuntamientos de Alicante y Elche Sara Llobell y Esther Díez han subrayado que el distrito único “promueve la cronificación de guetos y que se creen barriadas y no barrios, en ciudades como Alicante y Elche”.
En concreto, Díez ha señalado que el actual secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, impulsó el distrito único siendo concejal del área en Elche, “donde se generaron centros de primera y de segunda, con centros saturados por la alta demanda y centros desocupados que coincidían en muchas ocasiones con colegios de barrios vulnerables”.
Por su parte, Llobell ha indicado que la ciudad de Alicante es “muy desigual” en cuanto a barrios y ha defendido que la educación pública “tiene que garantizar el acceso a una educación igualitaria”. “Pedimos al Consell retirar este decreto, la eliminación del cual ya pidió la comunidad educativa hace diez años. Está favoreciéndose un modelo de negocio, no la libertad de nadie”, ha aseverado.
“Con este decreto de admisión, la Conselleria está fomentando la matriculación en la red de centros concertados, cuando esta red tendría que ser un servicio subsidiario de la escuela pública. Está marginando la red de centros educativos públicos, que suponen más del 70% del sistema educativo valenciano. En consecuencia, esta normativa marca un paso real hacia los recortes de recursos y personal en la escuela pública valenciana”, ha zanjado Llobell.
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