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Dos exediles del PSPV en Benidorm serán llevados a juicio oral por supuesta prevaricación y malversación

ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción 2 de Benidorm (Alicante) ha dictado la apertura de juicio oral contra dos exconcejales del PSPV en Benidorm por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, en el marco del conocido como ‘caso enchufes’.

Los hechos habrían sucedido entre 2010 y 2011 cuando, según la denuncia del sindicato SPPLB, el gobierno local habría contratado hasta a 43 trabajadores, todos ellos parientes de cargos socialistas, afines al alcalde o su gobierno. El sindicato de policías y bomberos también amplió la denuncia por el pago de “productividades ilegales” en este mismo periodo. Por todo ello, se calcula que se produjo un desajuste de gasto de 4,5 millones de euros.

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El auto, fechado el 16 de octubre de 2023 y al que ha tenido acceso Europa Press, señala a la Audiencia Provincial de Alicante como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa.

La magistrada dirige la acusación contra los exconcejales del PSPV en Benidorm Juan Ramón Martínez (de Personal y Recursos Humanos) y Natalia Guijarro (de Hacienda), así como contra cuatro técnicos del Ayuntamiento y dos representantes sindicales.

A todos ellos se les acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de malversación y un delito continuado de tráfico de influencias, aunque este último queda subsumido en las dos infracciones anteriores según el principio de absorción o consunción del Código Penal.

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Tras la solicitud de la apertura de juicio oral por parte de la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos en Benidorm (SPPLB), la magistrada ha dictado este auto.

La Fiscalía ha solicitado, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, que por el delito continuado de prevaricación administrativa se imponga la pena de ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público; mientras que para el delito de malversación ha pedido cuatro años y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación.


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